El Govern se ha visto obligado a rectificar la decisión de cubrir durante las urgencias nocturnas (21 a 9 horas) de la zona norte de la isla desde la base del 061 de la ciudad de Vila. Ayer, la consellera de Salud, Patricia Gómez, sorprendió al responder en la sesión de control del Parlament a la diputada del PP, Tania Marí, que «en poco tiempo» el Govern ampliaría el servicio a 24 horas. El anuncio se produce después de que el gerente del Servicio de Salud, Juli Fuster, marido de la consellera, confesara el viernes que estaban estudiando la petición. Salud no aclaró si el estudio había finalizado ni tampoco qué plazo suponía «en poco tiempo», de lo que se deduce que se trata de una reacción política improvisada ante la creciente presión de la opinión pública tras las denuncias de Simebal, las próximas peticiones de los ayuntamientos de Santa Eulària y Sant Joan y las informaciones de Periódico de Ibiza y Formentera.
El fallecimiento de una mujer.
El delegado de Simebal en Ibiza y Formentera, David Fernández, desveló hace un par de semanas en la TEF que una señora de cala Llenya que sufrió una parada cardiorespiratoria no tuvo la oportunidad que se merecía de seguir con vida porque la ambulancia del 061 partió desde Ibiza y no desde Santa Eulària. Según el relato del médico del 061, no se trata del único caso. Este periódico publicó el domingo 7 de febrero que el coste de ampliar el servicio a 24 horas era de unos 300.000 euros al año, una cantidad parecida a lo que cuestan cuatro asesores del Govern y que la plantilla del 061 actual es suficiente para cubrir el servicio y solo necesita una ampliación de los turnos. Con estos precedentes, no se entiende que el Govern haya esperado tanto a tomar una decisión que llega tarde.
El precedente del transporte aéreo del 061.
Este modus operandi recuerda al del transporte aéreo sanitario y a la rescisión del contrato del servicio de los helicópteros del 061. Hasta que Periódico de Ibiza y Formentera no publicó todas las irregularidades e incumplimientos que se estaban produciendo y difundió con profusión las denuncias sindicales, el Govern mantuvo que el transporte aéreo se estaba produciendo en las «máximas condiciones de seguridad», algo que la rescisión posterior del contrato a Eliance desmintió.