El inicio del procedimiento de expropiación temporal de 56 viviendas, seis de ellas en Ibiza, propiedad de entidades financieras, fondos de inversión y promotores locales, presentado con exceso de pompa por el Govern, ha desencadenado una tormenta política que ha llegado incluso al ámbito estatal de la mano del dirección nacional del Partido Popular. La decisión se ampara en la ley de la vivienda en Baleares, con tres años ya de vigencia, pero ha sido ahora, por el gesto de la Conselleria de Movilidad y Vivienda, cuando se ha desencadenado la polémica. El PP considera que el proceso tiende a la incautación de bienes privados, mientras que el PSIB argumenta que trata de resolver el problema de familias en situación de vulnerabilidad. La patronal advierte de la inseguridad jurídica que se genera y que ahuyenta a los inversores.
Un golpe de efecto.
El propio titular de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas Agustinet, admite que espera la interposición de recursos y que, por tanto, la aplicación de la medida está lejos de ser inmediata. Con todo, el acceso a 56 inmuebles en nada resuelve la falta de vivienda pública y asequible ni en el conjunto de Baleares ni en Ibiza ni en Formentera. El problema es mucho mayor y este expediente no pasa de ser un mero gesto, con más carga simbólica y propandística que efectividad y un aviso a navegantes de lo que puede suceder con PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno. En materia de vivienda, no es conveniente trabajar a corto plazo, como ha hecho el Govern. La cuestión genera una lógica y enorme inquietud en nuestra sociedad.
Asumir la responsabilidad.
El Govern no puede trasladar a los legítimos propietarios la respuesta a la acuciante falta de vivienda en Ibiza y Formentera cuando hay muchas otras alternativas a manejar, como la puesta en el mercado de suelo público por parte de los ayuntamientos gracias a cambios normativos que dependen del Govern balear. Esa es la realidad. Frente a la necesidad se ha optado por el método más fácil y efectista, pero el menos eficaz.