Uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo, el español, tiene, en Baleares, en Ibiza y Formentera especialmente, su primer frente de atención al borde del colapso. Los médicos de familia tienen asignados una media de 2.200 pacientes, más del doble de la cifra considerada óptima. La situación no deriva de los problemas ocasionados por la pandemia, se trata de un problema que se arrastra desde hace más de una década y que lleva camino que agudizarse todavía más en los próximos años. La saturación actual genera un impacto negativo inevitable en la calidad de la puerta de entrada a nuestro modelo asistencial, circunstancia que justifica la urgencia con la que se deben abordar las medidas que permitan reducir las actuales tasas que soportan estos sanitarios.
La insularidad, un problema.
Lo que ocurre con los médicos de familia en Ibiza y Formentera puede extenderse a muchas otras profesiones vinculadas con la administración. Los trabajadores públicos procedentes de la Península tratan de evitar los destinos en las Islas para evitar los inconvenientes de la insularidad, un sobrecoste que de ningún modo compensan los pluses previstos. En determinadas áreas las carencias se traducen en demoras, en el caso de la asistencia médica la cuestión es mucho más delicada. Cuando se habla de los costes de insularidad también hay que poner sobre la mesa de la negociación con el Estado cuestiones como ésta; una labor que compete de manera muy directa a la Conselleria de Salud.
Apoyo al colectivo.
Que los médicos de familia de Ibiza y Formentera encabecen la tasa más alta de presión asistencia de todo el país requiere algo más que el agradecimiento por el esfuerzo, que hay que insistir en que se ha cronificado. Estos profesionales precisan de soluciones con fecha de ejecución si de verdad se quiere evitar la progresiva degradación asistencial, un proceso del que todos saldremos perdiendo.