La normativa que ha de regular el turismo en Balears, la principal actividad de la economía de las Islas, que fue aprobada el 2 de marzo por el pleno del Parlament, se debe transformar ahora en ley, lo que implica su debate en la Cámara autonómica. La tramitación, que incluye las fases de ponencia, comisión y pleno, abre las puertas a la presentación de enmiendas que cambiarán el decreto-ley. Cabe señalar que este texto legislativo, llamado a definir y concretar el nuevo modelo turístico de Balears, fue validado por las formaciones de izquierda: PSIB-PSOE, Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y Gent per Formentera; mientras que votaron en contra todos los grupos de la oposición: PP, Cs, El PI y Vox. No fue posible un acuerdo amplio, y aunque el Govern Armengol ganó aquella votación, no logró hilvanar un relato coherente.
Modificaciones que se desconocen.
Aún resuenan los ecos de la controversia por las críticas de la Federación Hotelera de Mallorca, que calificó la moratoria de nuevas plazas durante cuatro años de «limitación a la libertad de mercado y freno a la sana competencia», aunque con cambio de criterio posterior. Según el comunicado conjunto difundido el 24 de febrero por el Govern y los hoteleros de Mallorca, se introducirán modificaciones cuyo contenido se desconoce. También surgieron voces discordantes en Menorca y las Pitïuses, así como desde las asociaciones del alquiler vacacional.
Consensos para una ley capital.
Esa nueva ley, que aspira a marcar un nuevo rumbo en un modelo turístico que ha cumplido seis décadas, no puede quedar en una mera declaración de intenciones ni generar más dudas ni incertidumbres. El Govern del Pacte tiene ahora una gran oportunidad para, desde el diálogo, alcanzar consensos que han de ir más allá de la aprobación mecánica de los partidos de izquierda para implicar a las asociaciones empresariales y otras formaciones políticas con amplia representación en el Parlament.