Un mes y cuatro días después de iniciarse la invasión rusa en Ucrania y el desencadenamiento de las consiguientes derivadas socioeconómicas, el presidente del Gobierno anunció ayer un plan de choque de respuesta a la guerra. Pedro Sánchez movilizará de aquí al 30 de junio 16.000 millones de euros para intentar amortiguar los devastadores efectos que el conflicto está ocasionando al tejido productivo nacional y, no menos importante, sobre las economías domésticas de las familias españolas. Podrá decirse que estas medidas llegan tarde. Sin embargo, llegan y de algún modo otorgan algo de oxígeno en un trance crítico.
Objetivos claros.
A las espera de conocer los detalles de cómo se gestionarán estos 16.000 millones, el destino de éstos es diáfano. Es de agradecer que, desde el principio, el Gobierno explique de forma clara en qué se gastará este dinero. Frente al malestar social que viene expresándose en la calle, resulta fundamental que el objetivo de estas acciones sea útil y entendible para todos los ciudadanos. Medidas como la bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible, la ampliación del bono eléctrico a 1,9 millones de hogares, la inyección de 1.000 millones de euros al sector del transporte o los 430 para agricultores, ganaderos y pescadores conectan con las demandas del momento y empatizan con los colectivos más perjudicados.
Ayudas autonómicas.
Insistimos. Puede discutirse que esta reacción llega con cierta demora y que las ayudas no vayan a ser del todo suficientes. Pero Sánchez ha hecho lo que tenía que hacer. Asimismo, su decisión –que hoy ratificará el Consejo de Ministros– indica a los gobiernos autonómicos el camino a seguir a la hora de desplegar sus correspondientes planes de rescate a sectores estratégicos. Urgen sus puestas en marcha y, no menos importante, que los contribuyentes perciban en primera persona su utilidad.