Ayer se cumplieron ochos años del acceso de Felipe VI a la Jefatura del Estado, un proceso iniciado días antes con la abdicación de la Corona de su padre, don Juan Carlos. Fue el comienzo de una etapa muy complicada para España y en la que se ha puesto a prueba la solidez de la institución monárquica, la cual ha tenido que hacer frente a retos tan graves para el Estado como el proceso independentista catalán y la propia imagen pública de la Monarquía parlamentaria en nuestro país, amenazada por comportamientos inadecuados de su anterior titular. En ambos procesos, don Felipe ha antepuesto los valores constitucionales por una parte y la profunda modernización de todo lo relacionado con la Casa Real, tarea en la que es perceptible el enorme sacrificio personal que le supone.
La transparencia como divisa.
Desde que Felipe VI accedió al trono, han sido varios los gestos en los que ha evidenciado la prioridad y fidelidad incuestionable al papel que la Constitución le otorga. De manera paralela, en los últimos años se han ido sucediendo las decisiones relacionadas con la transparencia de todo lo que atañe a la Casa Real; un blindaje voluntario contra cualquier sombra de duda con respecto a la gestión en el pasado. La España de hoy no es, en absoluto, la España de décadas atrás, un cambio social al que el Rey no quiere dar la espalda y así lo ha evidenciado en estos ocho años de reinado.
Fortalecer el futuro.
No cabe duda que todos los esfuerzos actuales están dando sus frutos en la consolidación de un modelo de Estado, la monarquía parlamentaria, cuyo análisis ofrece un saldo de beneficios inapelable. Como cualquier régimen político, el español también está sometido a los vaivenes propios de cada momento histórico y son sus responsables los que dan pruebas de su valía superando las adversidades. El rey Felipe VI, en este aspecto, mantiene una actitud ejemplar.