Balears no ha quedado excluida de la nueva modalidad de las relaciones entre las entidades financieras y los impositores. En los últimos años, la desaparición de las sucursales se ha acelerado y ya son en torno al 52 por ciento las que han desaparecido. El fenómeno afecta a la práctica totalidad de bancos y cajas, aunque -y justo es admitirlo- en las Islas los cierres de oficinas se han producido en menor medida que en el resto del Estado. No obstante, tres localidades -Deià, Estellencs y Mancor de la Vall- carecen en la actualidad de presencia física en la que los impositores pueden realizar operaciones sobre sus cuentas bancarias. Esta circunstancia se está tratando de solventar gracias a la intervención de los respectivos ayuntamientos.
Un servicio básico.
En el mundo actual, la vinculación con una entidad bancaria es ya imprescindible, la domiciliación de recibos es casi obligatoria y las relaciones con los diferentes niveles de la Administración también tiene la misma exigencia. El sistema no concibe un impositor que no disponga de internet o una tarjeta, modalidades que no siempre están al alcance de todos los clientes. La necesidad de ajustar al máximo los costes ha provocado esta dinámica de cierre de oficinas por parte de los bancos y cajas, acelerada en buena medida por la pandemia, que ha marcado un punto de inflexión. Con todo, el servicio de atención personalizada no puede suprimirse hasta la desatención total.
Un pacto social.
Revertir el fomento de la banca telemática no es factible, es una modalidad que España comparte con el resto de países occidentales. Sin embargo, es razonable buscar fórmulas de atención que no margine a ningún cliente, en especial para los que la informática es un mundo inaccesible. Por eso, la banca en su conjunto debería alcanzar un acuerdo global que garantice unos mínimos de accesibilidad a toda la sociedad.