El acceso a una vivienda digna y a precio asequible lidera el ranking de problemas ciudadanos en Balears. Una cuestión que, a medida que se ha ido agudizando y agravando, genera malestar e incertidumbre entre las familias trabajadoras cuyos ingresos no les permiten adquirir un piso por el encarecimiento de las hipotecas y los intereses. Y también dificulta la emancipación de los jóvenes, retrasa su proyecto de vida y la formación de nuevos núcleos familiares. Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez da largas a la posibilidad de limitar la compra de vivienda a los ciudadanos no residentes en las Islas, tal como han venido reclamando Més per Mallorca y Unidas Podemos. El Ejecutivo de coalición afirma que el Tratado de la UE prohíbe restringir la circulación de capitales a los estados miembros, así como entre estos y terceros países. Esta libertad ampara el derecho de los ciudadanos europeos a adquirir segundas residencias en otro Estado de la Unión, asevera el Gobierno en respuesta parlamentaria a las diputadas de Podemos Antonia Jover y Lucía Muñoz. Una contestación que causa malestar en Podemos.
Propuesta rechazada
De forma simultánea, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha rechazado la propuesta planteada por el Ajuntament de Palma, donde gobiernan las mismas formaciones políticas, para la construcción de fincas de pisos prefabricados con contenedores marítimos, como ha hecho el Ajuntament de Barcelona para dar respuesta a la demanda de vivienda con pisos de entre 30 y 60 metros cuadrados.
Política de vivienda pública eficaz
Una eficaz política de vivienda pública ha de constituir una de las prioridades del Govern con medidas que den respuesta a quienes han de malvivir en autocaravanas aparcadas junto a polideportivos, sótanos sin ventilación, locales sin cédula de habitabilidad y familias que deben compartir pisos reducidos porque no pueden pagar alquileres cada vez más elevados.