Este periódico publicaba en su edición del lunes que los vecinos del edificio Ses Feixes, en Marina Botafoch, se están movilizando para echar a los okupas que desde hace más de dos semanas residen en una de las viviendas del inmueble. Esta okupación, denuncian los vecinos, comenzó con el alquiler legal a varias personas de etnia gitana del barrio de Sa Penya. Los residentes afirman que la okupación de lujo se está convirtiendo en habitual. Aprovechan el invierno para instalarse y luego amenazan a vecinos creando una situación de convivencia difícil de soportar.
Un problema habitual
Lamentablemente el problema de la ‘okupación' viene de lejos y no se han buscado soluciones legales para solucionarlo. La invasión de una propiedad privada debería ser sagrada, pero por desgracia la ley ampara muchas okupaciones y por ello los delincuentes se sienten amparados legalmente. No pueden ser echados de las viviendas y el propietario tiene que seguir pagando todos los servicios. Si no lo hace se le puede incluso denunciar por acoso. Durante los últimos años, además, se está produciendo otra práctica delictiva: inquilinos que dejan de pagar el alquiler para convertirse en okupas. Saben que la ley les protege y optan por utilizar esta fórmula para seguir residiendo en viviendas ajenas sin pagar ni un euro.
Soluciones legales
Ante esta situación sorprende que el Congreso de los Diputado no haya tramitado en la última década una ley que proteja a los propietarios que sufren estas okupaciones. Todo el mundo comprende que la falta de vivienda genera un problema social, que hay miles de personas que no pueden pagar un alquiler y mucho menos adquirir una casa, pero estos desajustes no deben recaer sobre propietarios de inmuebles. Una okupación debería ser abortada desde el momento en que el propietario denuncia los hechos. Y no permitir que estos delincuentes conviertan la vida de muchas familias en una pesadilla simplemente porque saben que existe un vacío legal que les protege. No hay excusa posible para que no haya cambios legales urgentes en favor del derecho de la propiedad, que debería prevalecer sobre el derecho a la okupación. Pero algo tan evidente no se ha resuelto en años.