La Comisión Europea ha recortado en 1.100 millones de euros el quinto pago de los fondos de recuperación a España por incumplir varios compromisos. Entre ellos, la reducción de la temporalidad de los funcionarios. El Ejecutivo comunitario también ha descontado unos 460 millones por no haber aprobado aún el Gobierno de Pedro Sánchez el impuesto sobre el diésel y otros 40 millones por incumplir otro hito relacionado con la digitalización de entidades locales y regionales. Al mismo tiempo, ha reducido el desembolso en 627 millones de euros por considerar insuficientes las medidas adoptadas para reducir la temporalidad en el sector público, según determinan dos sentencias de la Justicia europea, a pesar de haberlas validado en el marco del primer pago aprobado en diciembre de 2021. A pesar de estos recortes, este quinto pago de Bruselas asciende a 22.926 millones de euros, de los que 6.991 millones corresponden a ayudas directas y los 15.935, a préstamos.
Compromisos aprobados
Frente a estos incumplimientos, la Comisión ha dado su visto bueno a 82 de los 84 compromisos que condicionaban el pago, relacionados con 20 reformas y 49 inversiones en las transiciones verde y digital, biodiversidad, movilidad sostenible, formación profesional, turismo sostenible, gestión del agua y eficiencia en el sistema judicial. También incluirá en este pago los 139 millones que suspendió para la digitalización de pymes, que consideraba incompleto.
Diligencia, eficacia y agilidad
Quedan pendientes la modificación de la fiscalidad del diésel, la validación completa de la digitalización de entidades regionales y locales, y la reducción de la temporalidad en el empleo público. España debe cumplir los objetivos fijados y los compromisos adquiridos con la Unión Europea para evitar más recortes en los fondos de recuperación, lo que exige mayor diligencia, eficacia y agilidad de las administraciones.