Más de un tercio de los ayuntamientos de Baleares, concretamente el 37,9 por cien, el Consell de Menorca y las mancomunidades de Es Raiguer y Tramuntana de Mallorca no han entregado aún sus cuentas de 2023 a la Sindicatura de Comptes. Este organismo, que fiscaliza la actividad económica, financiera y contable de las administraciones de las Islas, recuerda a los alcaldes que la rendición de cuentas, además de ser una exigencia legal, constituye un eje fundamental de la gestión del sector público, un compromiso con la transparencia y de responsabilidad con la ciudadanía. El informe de 2023 revela que tres de los cuatro consells, 34 ayuntamientos, una entidad local menor y dos mancomunidades, cumplieron en plazo. El síndic major, Joan Rosselló, que registró ayer en el Parlament este documento, subraya que las entidades locales tienen que destinar los medios humanos y materiales necesarios para cumplir estas obligaciones, sobre todo los consells insulares, que han de asistir a los municipios en su cumplimiento.
Casos insólitos.
Hay casos inexplicables, como un ayuntamiento de Mallorca, que no ha respondido a parte de las solicitudes de la Sindicatura desde 2019. El informe de legalidad registrado en la Cámara autonómica es claro y contundente: los alcaldes han de aportar las cuentas anuales, a lo que están obligados por ley.
Obligación que no se puede soslayar.
La Sindicatura de Comptes se ve en la obligación de recordar que la cuenta general de cada administración debe elaborarse inmediatamente tras liquidar el presupuesto, se tiene que aprobar en el primer semestre y presentarse en plazo, y además debe estar disponible en la sede electrónica o web de la entidad. Estas advertencias han de ser atendidas. El control de la gestión económico-financiero de las instituciones es una obligación que no se puede soslayar. Quienes lo incumplen están vulnerando la ley y perjudican el sistema democrático.