El Govern ha detectado que casi 1.500 establecimientos turísticos dedicados al alquiler, que son legales y operan sin licencia, no cobran la ecotasa o la cobran sin que el dinero llegue a su destino final, lo que aún sería peor porque ese implicaría prácticas desaprensivas contra la administración y contra los propios turistas. Gracias al cruce de datos entre la Agència Tributària y los consells insulars, se ha podido detectar a los infractores y requerirles para que cobren la ecotasa en sus establecimientos en una muestra de equidad fiscal con el resto de alojamientos que cumplen con la legalidad. Es deber de la administración velar para que todos los actores turísticos operen en igualad de condiciones.
Un negocio que sigue siendo jugoso.
El negocio turístico ha sido la gallina de los huevos de oro en Balears durante muchos años. Durante décadas ha servido para crear grandes fortunas en las Islas, ha convertido a la Comunitat en referente mundial en esta materia y ha posibilitado que el nivel de vida medio de las familias de Balears estuviera por encima del de otras comunidades autónomas. El turismo ha creado riqueza durante años, pero en los últimos tiempos, la explotación extractiva de este negocio ha provocado una distribución de la riqueza cada vez más desigual y menos equitativa.
Acabar con los abusadores.
Esta circunstancia, unida al exceso evidentes de turistas que hay en las Islas –como en muchos otros destinos maduros– ha creado la conciencia de que el turismo no iguala, sino que empobrece. Para ayudar a combatir esa mala percepción ciudadana, es fundamental que las administraciones actúen sin cuartel contra la abusadores que se aprovechan del negocio para enriquecerse, pero luego no contribuyen con sus impuestos a la mejora general de las condiciones de vida de los ciudadanos. Bien está que el Govern se mantenga vigilante y persiga a los infractores con todas sus consecuencias.