El actual modelo de financiación autonómica, aprobado en 2009 y con una vigencia de cinco años, caducó en 2014. Su reforma constituye una gran asignatura pendiente del Gobierno PSOE-Sumar. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a aplazar su revisión tras anunciar, ayer, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que presentará una propuesta en 2026, pero sin concretar. El sistema vigente, ampliamente cuestionado, perjudica a Balears, al ser una de las comunidades que más aporta a las otras autonomías en concepto de solidaridad, 408 millones el próximo año, pero sigue estando infrafinanciadas y el Régimen Especial (REB) no compensa todos los sobrecostes de la insularidad. Las Islas recibirán 4.206 millones entre entregas a cuenta y liquidación del sistema de financiación gracias al esfuerzo fiscal que realizan ciudadanos y las empresas con el pago de los impuestos al Ministerio de Hacienda.
Principio de ordinalidad
El Govern balear defiende, como el catalán, la ordinalidad para que se tenga en cuenta el impacto y los costes de la población real y la flotante. Este principio, que no está incluido en el actual sistema de financiación, persigue que cada comunidad mantenga su posición en función de su aportación al sistema. O sea, una autonomía con mayor riqueza y contribución debe obtener más recursos. Constituye una antigua reivindicación compartida por el Govern balear y la Generalitat catalana, pero la presidenta Prohens discrepa del presidente Illa.
Acuerdo entre las comunidades
La presidenta de Balears argumenta que no se puede abordar tratar desde la bilateralidad Catalunya-Gobierno central con una Generalitat que exige una financiación específica para los catalanes, sino que se debe acometer entre todas las comunidades en el Consejo de Polítical Fiscal y Financiera. Una cuestión relevante que sigue eludiendo la ministra Montero y que se desconoce cuándo y cómo se resolverá.