El Gobierno ha abonado en el último minuto, el anticipo que debía pagar a Baleares para costear una parte del transporte público gratuito de 2025. Debía ingresar antes de acabar el año un adelanto del 65% de su aportación y este dinero llegó el 29 de diciembre, a sólo dos días antes de cerrar el ejercicio. La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada por el Congreso de los Diputados, estableció esta obligación para el Gobierno central. Además de asegurar esta gratuidad para el próximo año en Canarias y las Islas Baleares, las enmiendas introducidas en el Senado -una iniciativa coordinada de los senadores de Ibiza, Juanjo Ferrer, de Izquierda Confederal; y Menorca, Cristóbal Marqués, del PP- comprometieron al Gobierno a formalizar este adelanto correspondiente al 2025, porque el Gobierno pagaba tarde, incluso a año vencido.
Una aportación insuficiente
El Govern recibió el 29 de diciembre 40,9 millones, o sea, el 65% de los 63 millones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha de aportar al Govern. El Ejecutivo central ha dejado para este año más de 22 millones de euros. El Govern de Marga Prohens señala que esta aportación sigue siendo del todo insuficiente. En este punto es preciso recordar que en 2024 generó un coste global en Baleares que ascendió a 150 millones de euros, por lo que el Gobierno central no llega a pagar ni la mitad.
La contribución del Gobierno, congelada
El Govern ha de cubrir, con recursos propios, como mínimo, seis de cada diez euros; un esfuerzo que para el 2025 será mayor al haber aumentado el volumen de pasajeros mientras que la contribución estatal se ha mantenido congelada. El conseller balear de Movilidad, José Luis Mateo, afirma que «el Govern y las administraciones de Baleares con competencias en transporte público ( que son el Ayuntamiento de Palma y los consells de Menorca, Ibiza y Formentera) asumimos el coste principal de la gratuidad». Es precisa una aportación estable y suficiente del Gobierno central en la financiación del transporte público de Baleares.