La nueva financiación autonómica que han pactado el PSOE y ERC –presentada por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en La Moncloa– confirma la injusticia histórica que, desde hace años, padecen las Islas Baleares al ser una de las comunidades que más sigue aportando a las arcas del Estado, pero de las que menos recibe. Este jueves, el Govern reconoció que mantiene su escepticismo tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para presentar a las autonomías la reforma del modelo de financiación, tras la polémica por el trato de favor a Cataluña. La ordinalidad implica que si una comunidad es la que más aporta al sistema, debe ocupar la misma posición en cuanto a recursos recibidos. Y esto no ocurre en Baleares, que destina 900 millones de superávit al Gobierno. Así, Madrid y Baleares que son contribuyentes netos a un sistema que había caducado hace 12 años, salen directamente perjudicados porque Cataluña contará ahora con sus propias reglas de juego, en la línea del régimen foral que usufructúan el País Vasco y Navarra.
Variables no reconocidas.
Lo más grave para Baleares es que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin valorar ni concretar el impacto real de los sobrecostes de la insularidad, que el Régimen Especial de Balears tampoco compensa. Es un problema histórico que en Madrid, independientemente de quien haya gobernado, nunca ha querido ni ha tenido intención de solucionar.
Población flotante y soportada.
El nuevo sistema de financiación supondría un incremento de 412 millones para las arcas de Baleares, pero no incluye ni cuantifica la población flotante o soportada, dos variables muy importantes que el Ejecutivo de Marga Prohens pidió que se tuvieran en cuenta. Tampoco los servicios públicos que se prestan a los 18 millones de visitantes que llegan a las Islas y que utilizan estos servicios como si fueran residentes. El sistema no es sensible con la realidad de Baleares y apenas resuelve el problema histórico de financiación. El vicepresidente Antoni Costa destacó que la negociación empieza mal por la preferencia directa ni nada disimulada del Gobierno hacia Cataluña. Pese a ello, el Ejecutivo autonómico intentará negociar.