Baleares vuelve a mirarse en el espejo de sus propias contradicciones. Mientras el acceso a la vivienda se consolida como el principal problema social del archipiélago, los datos del anuario del Colegio de Registradores de España confirman una realidad tan persistente como incómoda: casi un 30 % de las compraventas de vivienda en 2025 fueron protagonizadas por extranjeros, y cerca de la mitad de estas operaciones superaron el medio millón de euros. No es un fenómeno nuevo, pero sí cada vez más intenso. Baleares lidera, un año más, un ranking en el que ninguna otra comunidad autónoma se acerca siquiera a sus cifras. El dato no solo habla de volumen, sino de perfil: compradores con alto poder adquisitivo que tensionan al alza un mercado ya de por sí inaccesible para buena parte de la población local. La media estatal de operaciones extranjeras por encima de los 500.000 euros se sitúa en el 12 %, muy lejos del 42 % balear.
Presión inmobiliaria.
La presión inmobiliaria convive con un modelo económico dependiente del turismo, una oferta de vivienda limitada y un crecimiento sostenido de la demanda internacional. Las Islas, convertidas en refugio residencial para rentas altas europeas, siguen consolidándose como un mercado global donde competir resulta cada vez más difícil para los residentes.
Consecuencias.
Baleares se enfrenta así a una encrucijada conocida: mantener su atractivo internacional sin comprometer el derecho a la vivienda de quienes la habitan. La cuestión ya no es si el mercado seguirá tensionándose, sino hasta qué punto la sociedad balear está dispuesta a asumir sus consecuencias. Porque, cifra arriba o abajo, la tendencia es clara: cada vez hay más compradores extranjeros y cada vez se paga más dinero. Y en ese escenario, el riesgo es que vivir en las Islas se convierta, para muchos, en un lujo inalcanzable.