El Govern balear ha hecho bien en rectificar y ampliar el programa Lloguer Segur. La decisión llega ante una evidencia incontestable: el plan, presentado como una de las grandes medidas estrella para movilizar vivienda vacía y facilitar alquileres asequibles, apenas ha conseguido incorporar 82 viviendas en todo el archipiélago desde su puesta en marcha. Muy lejos de las miles de viviendas que inicialmente se prometieron. La crisis de acceso a la vivienda que sufren Baleares, y especialmente Ibiza y Formentera, exige medidas ágiles, realistas y capaces de generar resultados tangibles. Hoy, encontrar un alquiler asequible en las Pitiusas se ha convertido en una misión prácticamente imposible para trabajadores, jóvenes y familias residentes. Los precios desorbitados, la falta de oferta y la presión del alquiler turístico están expulsando a buena parte de la población local del mercado residencial.
Seguridad para los propietarios
En este contexto, el fracaso inicial de Lloguer Segur demuestra que no basta con anunciar planes ambiciosos. También es imprescindible entender las reticencias de muchos propietarios. Durante años, el miedo a los impagos, a los largos procesos judiciales o a situaciones de ocupación ilegal ha provocado que numerosos pisos permanezcan vacíos antes que asumir determinados riesgos. Ignorar esta realidad habría sido un error. Por ello, los cambios aprobados por el Govern van en la dirección correcta. La apertura del programa a viviendas turísticas que quieran pasar al alquiler residencial, la incorporación de grandes tenedores, las ayudas para rehabilitación y las excepciones para propietarios afectados por ocupaciones o impagos son medidas que aportan mayor flexibilidad y buscan generar más confianza.Sin garantías para los propietarios, difícilmente se logrará movilizar vivienda hacia el mercado residencial. Proteger al inquilino vulnerable es necesario, pero también lo es ofrecer mecanismos eficaces y rápidos frente a situaciones de morosidad o ocupación ilegal.
Toca esperar
Baleares no puede permitirse seguir perdiendo trabajadores porque no encuentran dónde vivir. Tampoco puede normalizar que empleados esenciales, sanitarios, docentes o fuerzas de seguridad tengan enormes dificultades para residir en las islas donde trabajan. El Govern ha reconocido, de facto, que el diseño inicial del programa no funcionó. Ahora toca comprobar si esta rectificación sirve realmente para aumentar la oferta de vivienda asequible.