El Tribunal Supremo ha tumbado el registro único de alquileres turísticos del Gobierno, que entró en vigor el año pasado. La sentencia del Alto Tribunal determina que el Ejecutivo central carece de competencias a la hora de regular el alquiler turístico en tanto que éste ya está siendo regulado por las comunidades autónomas. Por tanto, el Gobierno estaba invadiendo competencias autonómicas.
Las valoraciones.
El Consell d’Eivissa ya advirtió en su momento de que este registro único nacía torcido y estaba mal concebido: alertó de duplicidades, de inseguridad jurídica y de una invasión de competencias autonómicas que acabaría provocando exactamente lo que ahora ha sucedido, que es la anulación de buena parte de la norma por parte del Alto Tribunal. Nadie quiso escuchar. Desde Madrid se impuso el rodillo ideológico y burocrático habitual, como si la realidad de Ibiza pudiera entenderse desde un despacho ministerial a cientos de kilómetros de distancia. En este sentido, la regulación del Gobierno eliminó de un plumazo 300 viviendas turísticas legales de la isla de Ibiza, estando este ámbito regulado por el Consell d’Eivissa. En este punto hay que recordar también que el alquiler de pisos a turistas lleva años prohibido en Ibiza y que únicamente se permite el alquiler turístico en viviendas unifamiliares dadas de alta pagando una tasa y que cumplan unos estrictos requisitos para ser consideradas como tal.
Fracaso absoluto.
Esta sentencia del Supremo es, sobre todo, la constatación de un fracaso político basado en la improvisación, el centralismo y la soberbia administrativa, pues queda claro que el Estado excedió sus competencias al intentar crear un registro nacional que se superponía a los autonómicos. Nadie discute la necesidad de controlar el alquiler turístico ni de combatir la oferta ilegal, pues Ibiza conoce de sobra los efectos de la presión turística y los problemas de acceso a la vivienda. De hecho, la mayor de las Pitiusas lleva años luchando contra ello y buena prueba de ello son, de entrada, la creación de la oficina de lucha contra el intrusismo, los convenios suscritos con plataformas nacionales de comercialización para eliminar anuncios manifiestamente ilegales de alquileres de pisos o habitaciones a turistas, así como el aumento de inspectores y los detectives privados, entre otras acciones.