LEl Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia. Los magistrados consideran que los tres acusados conformaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió «graves» delitos de corrupción. En este sentido, para el Alto Tribunal han quedado probados los delitos en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades de Transportes como Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama; la remuneración mensual de 10.000 euros para «gastos fijos» de Ábalos, y la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro en empresas públicas, Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, a la que la trama pagó el alquiler de un piso, así como el contrato de alquiler con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid y el alquiler de viviendas en Cádiz y Marbella por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos. En cuanto al cumplimiento efectivo de las condenas de cárcel, los magistrados fijan la de Ábalos en 16 años y en 15 la Koldo. Respecto a Aldama, le aplican la atenuante analógica de colaboración muy cualificada y suspende la ejecución de su pena por su «aportación realizada al descubrimiento de los delitos», aunque lo condiciona a que no vuelva a delinquir, haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad y presente un informe semestral de actividades.
Sentencia histórica
La condena a Ábalos es la más alta de la historia española hasta el momento para un exministro del Gobierno. Así, los 24 años de Ábalos superan los 10 años de Zaplana por blanqueo de capitales; también a 10 años fue condenado el exministro socialita José Barrionuevo por delitos de malversación en el ‘caso GAL’; Jaume Matas fue condenado a ocho años por sentencias del ‘caso Noós’ y ‘Palma Arena’, mientras que el exministro del PP Rodrigo Rato fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida por las conocidas como tarjetas ‘black’ de Caja Madrid y Bankia.
Las reacciones
Lejos de hacer autocrítica y respetar la decisión judicial, el PSOE sigue con su estrategia de desviar el foco y está cuestionando la decisión de suspender la condena a Aldama por colaborar con la justicia, al tiempo que siguen alejando la posibilidad de elecciones anticipadas. Por su parte, el PP señala a Sánchez directamente como responsable de la trama. «No cabe esconderse, no cabe esperar y no cabe maniobrar» porque «hay responsabilidades políticas». «Y esas responsabilidades políticas tienen nombre y apellidos: Pedro Sánchez Pérez Castejón porque José Luis Ábalos no llegó solo, no se nombró solo y no se dio poder a sí mismo. Lo hizo Pedro Sánchez», precisó Feijoó. Mientras tanto, Sumar exige al PSOE no lastrar al Gobierno y «limpiar su casa» tras la condena a Ábalos, pero rechaza la idea de elecciones anticipadas.
La reflexión
En la sentencia condenatoria del Supremo los magistrados lanzan una reflexión. En este sentido, señalan que el «efecto más grave» de las conductas ejercidas por el exministro Ábalos «es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía».
«Una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por intereses privados, o ajenos al servicio público para obtener un beneficio, experimenta una pérdida de legitimidad institucional, que compromete la estabilidad del propio sistema», advierten. Y razón no les falta.