Las cifras hablan por sí solas. Cerca de 1.500 inmigrantes han llegado este año a Ibiza y Formentera a bordo de pateras cuando aún no ha comenzado julio. La ruta argelina ya no es un fenómeno puntual, sino una realidad consolidada que exige una respuesta acorde con la magnitud del desafío. El primer deber es no olvidar que detrás de cada embarcación hay personas que arriesgan su vida en el mar. Muchas nunca alcanzan la costa. Es una tragedia humanitaria que interpela a toda Europa y que obliga a actuar con humanidad y respeto a los derechos fundamentales.
Pero esa obligación no puede ocultar otra realidad: Ibiza y, especialmente, Formentera están viendo cómo sus recursos llegan al límite. Los servicios de protección de menores soportan una presión creciente, mientras Policía Nacional y Guardia Civil denuncian una falta crónica de efectivos para atender un fenómeno que consume cada vez más recursos. Ninguna administración insular está preparada para afrontar sola una situación de estas dimensiones.
Cooperación.
El debate político tampoco ayuda. Govern y Gobierno central mantienen un intercambio de reproches mientras quienes trabajan sobre el terreno reclaman soluciones urgentes. La ciudadanía espera menos confrontación y más coordinación institucional.
Hace falta reforzar las plantillas policiales, dotar de más medios a los servicios sociales y agilizar los mecanismos de derivación de menores. Al mismo tiempo, resulta imprescindible intensificar la cooperación internacional para combatir las mafias que trafican con personas y evitar que más vidas se pierdan en el Mediterráneo.
Respuesta del Estado.
Ibiza y Formentera siempre han demostrado solidaridad. Pero la solidaridad necesita respaldo. Cuando una emergencia deja de ser excepcional para convertirse en cotidiana, deja de ser un problema local y pasa a ser una responsabilidad de Estado. Esa respuesta no puede seguir esperando.