La segunda mesa de lucha contra el intrusismo convocada por el Govern a nivel balear dejó importantes novedades. En este sentido, destaca la modificación de la Ley balear de Turismo, que ya está en vigor desde hace un mes, para introducir multas coercitivas diarias de entre 500 y 5.000 euros a quienes continúen explotando un alojamiento turístico ilegal una vez detectada la infracción. Y es que hasta ahora los propietarios podían seguir desarrollando la actividad mientras se tramitaba el expediente sancionador sin que tuvieran que pagar una multa. Con esta nueva iniciativa, se impondrán sanciones diarias hasta que realmente cese la actividad. Si los Consells detectan una reincidencia y acumulan dos requerimientos de cese de actividad previos incumplidos, el expediente se remitirá a Fiscalía por un presunto delito de desobediencia. «El objetivo es el cese inmediato de la actividad ilegal», destacó Jaume Bauzá, conseller balear de Turismo. El Govern de Marga Prohens tiene claro que hay que cercar cada vez más a la oferta turística ilegal para así acabar con ella, pues la masificación turística parte precisamente de esta oferta ilegal de alojamiento.
Ibiza, pionera
Vicent Marí, presidente del Consell d’Eivissa, siempre ha tenido claro que la lucha contra el intrusismo en todas sus variantes sería un objetivo prioritario durante su mandato. Por ello, creó una oficina específica de lucha contra el intrusismo dirigida por Enrique Gómez Bastida, excomandante de la Guardia Civil en Ibiza, y con el vicepresidente primero Mariano Juan al frente. Desde la creación de esta oficina específica de lucha contra el intrusismo se ha estado trabajando en soluciones creativas e imaginativas para disminuir e intentar erradicar el alquiler de pisos a turistas, como son convenios con las principales plataformas de comercialización para retirar anuncios ilegales de alquileres de alojamientos a turistas, el buzón anónimo de denuncias de pisos turísticos y, sobre todo, la coordinación con los ayuntamientos y Guardia Civil para la persecución y multas de pisos turísticos. Así, los pisos que se alquilan a turistas pueden recibir multas del Consell y por parte de los ayuntamientos por la vía urbanística al recibir una vivienda con uso residencial un uso turístico no permitido. A esto se suma, además, que el Consell d’Eivissa ha destinado cuatro millones de euros procedentes de la ecotasa al plan de choque de lucha contra el intrusismo, lo que ha servido para «dotar de más medios a los cuerpos de policías locales, precisamente para implicarlos más si cabe en la lucha contra esta lacra», precisó este lunes Bastida.
Ejemplo a seguir
El conseller balear de Turismo destacó este lunes el buen funcionamiento de la lucha contra el intrusismo de Ibiza. Así, señaló que en Ibiza ya se han llevado a cabo actuaciones como el precinto de viviendas utilizadas para alquiler turístico ilegal y reconoció que el principal obstáculo sigue siendo la lentitud de algunos procedimientos administrativos. Destacó, además, la coordinación con los ayuntamientos y la Guardia Civil y destacó que el de Ibiza, es el camino a seguir en la lucha contra los pisos turísticos en el resto de islas. Ibiza debe seguir innovando en este sentido para acabar de una vez por todas contra los pisos que se alquilan a turistas.