El Gobierno PSOE-Sumar quiere aprobar, después del verano, un nuevo modelo de financiación autonómica en Consejo de Ministros y remitirlo, a continuación, al Congreso de los Diputados. El calendario del ministro de Hacienda, Arcadi España, prevé celebrar hoy una reunión del comité técnico y después reunir a los consejeros de Hacienda en una sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocada para el 29 de julio. El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, avanza que Balears no acepta la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez «al ser un acuerdo cerrado que no admite negociación, ya que se ha pactado exclusivamente con el PSOE y ERC para Catalunya, sin tener en cuenta las peticiones y la situación de las otras comunidades autónomas, lo que constituye una imposición».
Reivindicaciones históricas
El Govern Prohens denuncia que PSOE y Sumar, al mismo tiempo que acuerda unilateralmente con Catalunya un nueva financiación que acabe con la irregularidad de un modelo caducado hace doce año, «tampoco tiene en cuenta las reivindicaciones históricas de Balears al no aumentar el peso del hecho insular para compensar los sobrecostes que gravan las economías familiares y reducen la productividad y competitividad de las empresas». También se ignora el crecimiento poblacional y la población flotante como variables de gasto, por lo que el Govern sigue financiando servicios públicos para más población de la que reconoce el sistema, sin valorar el esfuerzo que supone atender a millones visitantes cada año.
Principio de ordinalidad
El principio de ordinalidad -o sea, las comunidades que más aportan son las que más recursos han de recibir- sólo se aplica en Catalunya cuando Balears envía al Gobierno central 900 millones recaudados en las Islas. El ministro España empieza con mal pie una negociación que prioriza una comunidad y perjudica a Balears, cuyos extracostes no son reconocidos.