El Tribunal de Cuentas ha aplazado la aplicación de la ley de amnistía a los encausados por el Procés de Catalunya, entre ellos los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, y el líder de ERC Oriol Junqueras. Este organismo independiente en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras y jurisdiccionales dio ayer un plazo de diez días a las partes para que se pronuncien sobre el origen de los fondos que sufragaron el movimiento independentista tras avalar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el perdón de la malversación. Las defensas de los 35 procesados consideran deben ser amnistiados de forma inmediata, tras el pronunciamiento de la Justicia europea. El Tribunal de la UE avaló el perdón para el delito de malversación de fondos públicos por los gastos del referéndum del 1-O y la promoción de Cataluña en el exterior del 2011 al 2017.
Fondos que no procedan de la UE.
Pero la consejera del departamento de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernández Salguero, recuerda que el tribunal europeo concluye que la ley de amnistía no choca con la normativa comunitaria, siempre que los actos investigados estén vinculados a fondos «que no procedan del presupuesto de la Unión Europea ni estén destinados a éste». Por ello el Tribunal de Cuentas plantea «la posibilidad de que no resultase aplicable» la ley de amnistía a los encausados por los gastos del Procés, «en caso de que se hubiesen utilizado fondos procedentes del presupuesto de la Unión, o administrados por la Unión, o por cuenta de esta».
Un largo camino en el Supremo .
La decisión del Tribunal de Cuentas aleja el regreso de Puigdemont a España y plantea un largo camino en el Supremo para aplicar la amnistía, máxime cuando el Tribunal de Luxemburgo concluye que «es contraria en los aspectos que analiza el derecho de la UE», al imponer la obligación de los tribunales de resolver sobre el perdón en un máximo de dos meses y levantar las medidas cautelares.