La tradicional audiencia estival de la presidenta del Govern con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Almudaina estuvo inevitablemente marcada por el principal debate que hoy atraviesa Baleares: la saturación turística. A apenas dos días de una manifestación que se prevé multitudinaria en Palma, la presidenta Marga Prohens trasladó al Monarca el malestar de una parte creciente de la sociedad y defendió que su Ejecutivo está aplicando políticas de contención, algo que no hicieron sus antecesores de la izquierda con Armengol al frente del Govern. Al mismo tiempo, atribuyó el crecimiento «absolutamente desbocado» de los últimos años a la anterior legislatura y señaló también al Estado por decisiones como la ampliación de infraestructuras aeroportuarias. La presidenta tiene razón al recordar que la presión turística no ha surgido de la noche a la mañana sino que se ha cultivado durante los últimos ocho años de gobierno de izquierda en Baleares. Los datos demuestran que durante los años del Pacte aumentaron las plazas y la llegada de visitantes. También es cierto que decisiones estratégicas como la política aeroportuaria dependen de Aena y del Gobierno central. Negarlo sería faltar a la realidad. Al mismo tiempo, no se entienden decisiones tomadas desde Madrid que van en contra, precisamente, de la contención turística y el necesario equilibrio entre turistas y residentes. El último ejemplo es, precisamente, la decisión de la Comisión Nacional de Competencia de recurrir judicialmente el cupo de los rent a car establecidos por la ley de contención de vehículos.
Respuestas y eficacia.
Pero el debate no puede quedar atrapado en un intercambio permanente de responsabilidades. Los ciudadanos no esperan una contabilidad política de culpas sino respuestas eficaces a un problema que afecta a su vida. La congestión de las carreteras, la dificultad para acceder a una vivienda o la presión sobre los servicios públicos no distinguen entre gobiernos de ayer y de hoy.
Equilibrio.
El turismo continúa siendo el principal motor económico de Baleares, lo que representa una evidencia que no se puede negar, pero preservar su fortaleza exige hacerlo compatible con la calidad de vida de los residentes. El diagnóstico hace tiempo que está sobre la mesa. Ahora corresponde a las administraciones demostrar que son capaces de construir un modelo más equilibrado. Ahí radica la clave.