Hay momentos en los que las cifras dejan de ser simples estadísticas y se convierten en una llamada de atención. Baleares se encuentra ante uno de ellos. La llegada continuada de pateras a nuestras costas es una una realidad estructural que está poniendo al límite la capacidad de respuesta de las instituciones, especialmente en las Pitiusas y, de manera singular, en Formentera. Los datos son suficientemente contundentes. En 2026 ya se han contabilizado miles de llegadas irregulares a las Islas y el Govern ha advertido de que la ruta procedente de Argelia se ha consolidado. A finales de julio, el Ejecutivo autonómico cifraba en 3.734 las personas llegadas en patera durante el año y en 880 los menores extranjeros no acompañados acogidos por el sistema balear, casi el triple que dos años antes.
No se trata de negar la obligación de proteger al menor que llega en patera. Se trata precisamente de garantizar que esa protección pueda prestarse en condiciones dignas y sostenibles.
Crisis en Ceuta
La situación adquiere todavía mayor dimensión al contemplarla en el contexto de la crisis vivida en Ceuta. La entrada masiva registrada el pasado 30 de julio desbordó las capacidades de la ciudad autónoma y dejó a miles de menores en una situación de extrema vulnerabilidad. El Gobierno trabaja ahora en el traslado a la Península de unas 500 niñas migrantes no acompañadas. Es necesario saber qué estrategia tiene el Estado para evitar que las emergencias se reproduzcan una y otra vez en distintos puntos del territorio. Trasladar personas de un lugar saturado a otro no puede convertirse en la política migratoria de España.
Falta de soluciones
Baleares ya ha demostrado sobradamente su voluntad de acoger y atender. Sus instituciones están haciendo frente a una presión que no han generado y que tampoco pueden resolver por sí solas.El propio Govern reclama una respuesta específica del Estado, más recursos, refuerzo del control fronterizo y actuaciones en los países de origen y tránsito. Y es que la solidaridad no puede confundirse con la ausencia de límites. Un territorio insular, fragmentado y con una capacidad de servicios necesariamente limitada no puede asumir indefinidamente flujos migratorios que crecen mientras las soluciones estructurales siguen sin llegar. La presión sobre la vivienda, los servicios públicos, la sanidad, los sistemas de protección de menores y las administraciones insulares no desaparece porque Madrid distribuya las competencias sobre el papel.