Ceuta vive horas de una tensión que exige responsabilidad y serenidad. La entrada masiva de personas desde Marruecos ha desbordado a una ciudad pequeña, con recursos limitados y una población sometida a una situación excepcional. Ante una crisis de esta magnitud, el primer llamamiento debe ser inequívoco: calma. Los enfrentamientos, las agresiones y cualquier forma de violencia no pueden tener cabida. La frustración o el miedo son comprensibles, pero nunca pueden convertirse en una justificación para la violencia. Ahora bien, reclamar serenidad no significa asumir como normal lo que no lo es y lo que se está viviendo en una ciudad como Ceuta desde hace un mes es caos, desgobierno y la anormalidad más absoluta. No es normal que miles de personas entren de forma irregular y simultánea en territorio español y que, un mes después, se establezca un mando único del Gobierno central para intentar controlar la situación. Ceuta es territorio soberano español y, además, frontera exterior de la Unión Europea. El Estado tiene la obligación de garantizar tanto la seguridad de sus ciudadanos como el control de sus fronteras y eso no está pasando.
Política firme.
Defender ese principio no supone criminalizar a quienes migran ni negar protección a quienes la necesitan. España debe actuar con humanidad y dentro de la ley, pero también con firmeza para frenar la avalancha de migrantes. Una política migratoria responsable no puede basarse en la improvisación ni dejar a Ceuta sola ante una presión extraordinaria. Lo ocurrido debe servir también para exigir explicaciones. El Gobierno debe aclarar qué sucedió y qué medidas se van a adoptar.
Un auténtico polvorín.
La respuesta tampoco puede quedar en manos de la calle. Cuando el miedo y la indignación sustituyen a las instituciones, crecen los extremismos y se deteriora la convivencia de forma muy peligrosa. Ceuta necesita calma, pero también autoridad. Necesita una frontera protegida, fuerzas de seguridad respaldadas, cooperación con Marruecos y recursos suficientes. Y necesita que el Estado recuerde que garantizar la seguridad y el orden no está reñido con la humanidad.