Hay una realidad que las estadísticas oficiales de población no terminan de reflejar: Baleares tiene muchos más habitantes de los que figuran en sus registros. No porque estén ocultos sino porque llegan cada día por motivos muy distintos: turistas, familiares de residentes, trabajadores ocasionales, visitantes o personas que se desplazan por cuestiones profesionales. Es lo que se conoce como ‘población flotante’. El resultado es que las Islas soportaron en 2025 una población efectiva media de 1,59 millones de personas, frente a los 1,26 millones de residentes oficiales. Son 329.000 personas más cada día. El dato debería ser determinante en cualquier debate sobre financiación. No se puede exigir a una comunidad que preste servicios a una población real y financiarla exclusivamente en función de una población estadística. Las Islas Baleares tienen que limpiar más, gestionar más residuos, garantizar más agua, mantener más carreteras y reforzar emergencias ante este incremento de población efectiva.
Cálculo riguroso
Ahora bien, tampoco sería razonable traducir automáticamente esos 329.000 habitantes adicionales en un 26 por ciento más de financiación. Un turista no necesita colegio, universidad o servicios sociales. La cuestión, por tanto, no es reclamar dinero de forma indiscriminada, sino calcular con rigor cuánto cuesta realmente esa población flotante y qué administraciones deben asumir ese gasto.
Una realidad incuestionable
Ahí está precisamente el reto que el Govern debe plantear con datos y no con consignas. Los 160 millones destinados el pasado año al agua son un buen ejemplo: una parte de ese esfuerzo responde directamente a una presión poblacional que no aparece en el padrón. Lo mismo ocurre, aunque sea más difícil de cuantificar, con el transporte, la seguridad, las emergencias o la limpieza. Si el Estado quiere repartir los recursos con justicia, primero debe aceptar una evidencia: Balears no cabe en el padrón.