El campo de Baleares lleva demasiado tiempo atrapado entre dos realidades difíciles de conciliar: la necesidad de proteger un territorio único y la urgencia de garantizar que quienes lo trabajan puedan vivir de él. La nueva Ley Agraria aprobada por el Govern parte de una idea que parece lógica: el suelo rústico debe tener como prioridad aquello para lo que fue concebido, la actividad agraria. Durante años, la falta de rentabilidad ha convertido muchas explotaciones en un esfuerzo casi vocacional. Mientras aumentaban los costes, se complicaba el relevo generacional y se abandonaban tierras, la sociedad seguía exigiendo al payés que mantuviera un paisaje que todos disfrutamos, pero que pocos ayudan a sostener. El campo no puede quedar reducido a una postal bonita para contemplar desde la carretera. Por eso resulta relevante que la nueva norma intente cambiar esa dinámica. Vincular las nuevas viviendas en suelo rústico de más de 100 metros cuadrados al mantenimiento de una actividad agraria supone lanzar un mensaje claro: construir no puede ser el único uso posible del campo. La tierra debe seguir teniendo una función productiva.
Oportunidades
Pero proteger el campo no significa condenarlo a la supervivencia. La agricultura necesita ingresos y oportunidades. En este sentido, la ampliación de las actividades complementarias, las agroestancias o la posibilidad de generar energía renovable vinculada a las explotaciones buscan algo fundamental: que ser agricultor vuelva a ser una opción viable y no un sacrificio condenado a desaparecer.
Protección
La clave estará ahora en el equilibrio. El suelo rústico debe quedar protegido frente a la presión urbanística, pero también debe evitarse que las restricciones conviertan las fincas en espacios sin futuro. La actividad agraria necesita apoyo, agua, canales de comercialización y consumidores que valoren el producto local.