El escudo social nació para proteger a quienes no podían hacer frente a un desahucio y se encontraban en una situación de vulnerabilidad. El problema aparece cuando, al otro lado de la puerta, no hay necesariamente un pequeño propietario que depende del alquiler para llegar a fin de mes, sino un fondo de inversión que acumula viviendas procedentes de la crisis bancaria. El caso de Gramina Homes resulta revelador. La sociedad, participada mayoritariamente por el fondo estadounidense Lone Star, ha reclamado al Govern unos 40.000 euros por la paralización de dos desahucios. La Administración no respondió a sus solicitudes dentro de plazo y la empresa fue a los tribunales. La paradoja es que la normativa establece que, transcurrido el plazo sin resolución expresa, la solicitud se entiende estimada por silencio administrativo.
Compensación
Así que la Abogacía de la Comunitat se ha visto obligada a allanarse. No porque el Govern haya decidido voluntariamente entregar dinero público a un fondo inmobiliario, sino porque una norma estatal establece la compensación y la Administración autonómica dejó pasar el plazo para contestar. Gramina Homes acumula más de veinte procedimientos de desahucio por precario en Mallorca, muchos relacionados con inmuebles que acabaron en carteras inmobiliarias tras la crisis bancaria. Y el Govern ya ha abonado alrededor de 1,2 millones de euros en compensaciones por 477 casos desde 2021.
Una anomalía
La protección de las personas vulnerables es una obligación social. Pero protegerlas no debería significar diseñar un sistema que termine tratando de la misma manera al propietario particular y al gran fondo inmobiliario. Y mucho menos uno en el que el silencio de la Administración pueda convertir un mecanismo de protección social en una factura automática para las arcas públicas. Que el escudo social protega a un fondo buitre no es normal.