El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena dejó ayer sin efecto, y con carácter inmediato, la orden de busca y captura y detención del expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Menos de una hora después de conocerse el fallo del Tribunal Constitucional, que declaró o amnistiado el delito de malversación a la exconsellera catalana Dolors Bassa, Llarena no esperó la publicación de la sentencia del Constitucional en el BOE y anuló las órdenes que pesaban contra Puigdemont así como contra los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, que estaban procesados por rebeldía.
El líder de Junts per Catalunya reapareció en Waterloo tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional que permite aplicar la Ley de Amnistía en su totalidad. No dio una fecha concreta para su regreso a España, pero proclamó que «decidimos ir al exilio en 2017 a defender las instituciones y los derechos del pueblo de Cataluña y ahora volveremos».
El conflicto España-Catalunya
«Es una clara derrota del Estado español, de los poderes públicos que impedían la aplicación de la ley de Amnistía», afirmó Puigdemont, subrayando que el aval del Constitucional a la amnistía «no soluciona nada» en la relación entre España y Cataluña, «un conflicto histórico que corresponde resolver a la política y no a los jueces». Puigdemont fue más lejos al incluir a Pedro Sánchez entre los «diversos poderes públicos que han demorado la aplicación de la amnistía».
Los socialistas, principales adversarios
Las afirmaciones del expresidente de Catalunya evidencian que los puentes entre Junts y el PSOE están rotos. Puigdemont se expresó con una gran contundencia contra los socialistas, transmitiendo un mensaje claro: la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre será a muerte, porque los principales adversarios señalados por el presidente de Junts son los socialistas que han impulsado su perdón legal. Una situación paradójica que impactará en los resultados del 29-N.