Los últimos datos del INE confirman un escenario económico sofocante para las familias de Baleares. El encarecimiento generalizado de la cesta de la compra, con subidas de dos dígitos en todos los alimentos básicos durante los últimos cinco años, sitúa el coste de la vida en niveles realmente insostenibles para la mayoría de los bolsillos de los ciudadanos. Productos esenciales como el aceite de oliva, que ha experimentado un alza desorbitada del 140 %, o los huevos, la leche y la carne, se han convertido en artículos casi inalcanzables para los hogares de menores ingresos. A la espiral inflacionista global se le suma en el archipiélago el factor estructural de la insularidad, que encarece de forma sistemática el transporte y la logística. La repercusión directa de esta crisis ya se percibe en un cambio de hábitos de consumo preocupante para la salud pública, al sustituirse progresivamente los alimentos frescos por productos procesados o de menor calidad nutricional. Esta escalada de precios a buen seguro afectará a los hábitos de consumo y, por tanto, a la larga a la salud, pues consumir productos frescos es cada vez más caro y muchas familiares directamente ya no pueden permitírselo.
IPC por las nubes.
Por otra parte, la escalada de los carburantes, avivada por la inestabilidad internacional en Oriente Medio, consolida un IPC autonómico del 5,1 %. En este contexto, el mantenimiento de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible ofrece un alivio coyuntural imprescindible. No obstante, las ayudas temporales resultan insuficientes si no se acompañan de reformas de mayor alcance, como una flexibilización fiscal mediante la rebaja del IVA a los productos y servicios de primera necesidad. Balears necesita medidas contundentes y adaptadas a su realidad territorial para frenar el empobrecimiento de sus ciudadanos.
Mecanismos urgentes.
Sin embargo, los parches temporales no solucionan el problema de fondo si las Administraciones públicas no abordan la brecha social que se está generando. Resulta urgente articular mecanismos de compensación económica y fiscal real que protejan la renta disponible de los trabajadores y autónomos de las Islas.