Como bien dijo el presidente José María Aznar, es mejor que un terrorista esté ocupando un escaño que empuñando un arma. Esta afirmación es compartida por cualquier ciudadano con un mínimo de sentido común y eso es lo que han venido predicando muchos políticos, incluso desde la derecha más radical, porque mejor es la palabra que el asesinato.
Otra cosa es que, antes, los terroristas tengan que pasar por la cárcel, especialmente si tienen delitos de sangre o de torturas. Porque las razones políticas no convierten en delito de opinión cualquier tipo de crimen. La discusión la zanjan Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, convirtiendo en representantes populares a quienes están encarcelados por la comisión de asesinatos o secuestros.
De manera que 37 presos han obtenido actas en las pasadas elecciones y se han convertido en concejales, junteros o parlamentarios navarros y estarán presentes en la constitución de las corporaciones, juntas o Parlamentos. Entre estos está el presunto asesino del matrimonio Berrocal, en Sevilla, el pasado año.
José Luis Barrios será, así, miembro de la Mesa del Parlamento navarro y tomará el juramento de la Constitución, que le ampara a él, a sus compañeros de la Cámara. Este gesto de HB y EH era innecesario porque el proceso de paz en Euskadi no necesita, precisamente, de estas actitudes claramente desafiantes.
Ya que sus representantes se quejan de la poca elegancia democrática supuestamente manifestada al no permitir que Barrios se reuniera con sus compañeros o hablara con sus padres, es lógico que, desde el otro lado, se critique que, amparándose en la protección de las leyes, el presunto asesino tenga una presencia tan desafiante en un Parlamento democrático. Con retos así, no se avanza.