Cuando se publicó el texto de la nueva ley urgente que regula el urbanismo en las Islas, este periódico ya llamó la atención sobre lo ambiguo que resultaba uno de sus artículos, precisamente el que establecía el plazo de aplicación de la normativa elaborada por el Govern del Pacte de Progrés.
Los especialistas jurídicos explicaban que la redacción de la disposición era tan confusa que no quedaba nada claro si la ley urgente debía aplicarse a los proyectos de nuevas viviendas en suelo rústico presentados en los tres meses previos a su entrada en vigor o sólo a los que lo hicieran a partir de su publicación.
Ahora la ley ya está publicada y la confusión sigue vigente. Tanto que para empezar el Consell Insular de Mallorca se ha visto obligado a aparcar nada menos que 150 proyectos de este tipo de viviendas hasta que los servicios jurídicos de la institución decidan qué ley debe aplicárseles, si la nueva o la anterior. Cabe esperar que otro tanto ocurrirá en los Consells de Eivissa y Menorca.
Lo cierto es que una ley de esta envergadura, que afecta a tantas personas "sobre todo ahora, con el boom urbanístico que vivimos", debía hacerse con más tiento. No parece del todo justo que alguien que proyecta su vivienda en su terreno cuando está vigente una ley que le permite hacer ciertas cosas se encuentre con que ya no puede hacerlas porque han cambiado el Govern y la ley en cuestión de unos pocos meses.
Sin embargo, también resulta lógico el intento del nuevo Govern por poner orden en este maremágnum constructivo que padecen las Balears al alirón del despegue económico. Quizá la solución estribe en dejar un plazo de adaptación para los proyectos que se presentaron meses atrás y aplicar con todo el rigor la nueva normativa a los que quieran edificar a partir de ahora.