Ya sabemos que al Gobierno de Estados Unidos le gusta inmiscuirse en todos los asuntos que parecen interesarle, aunque ocurran a miles de kilómetros de sus fronteras y aparentemente poco tengan que ver con él. Ahora se enfrenta a un posible conflicto con la Unión Europea a causa de las expropiaciones de propiedades privadas efectuadas hace cuarenta años tras el triunfo de la revolución castrista en Cuba.
Aquellos acontecimientos ocurrieron hace décadas y parece que los Sánchez, la familia afectada, convertidos hoy en ciudadanos norteamericanos, desean una compensación económica y no otra cosa.
Por eso las altas instancias estadounidenses están meditando la aplicación de la Ley Helms-Burton a la empresa mallorquina Sol Meliá, que tiene uno de sus hoteles cubanos construido sobre los terrenos que pertenecieron en su día a la familia Sánchez.
Lo que ocurre es que el caso es claramente político y como tal debe resolverse. Washington debería dirigirse a las autoridades cubanas como responsables de las expropiaciones y no a los actuales propietarios del terreno, que simplemente fueron los compradores de un bien puesto en venta por el Gobierno de la isla caribeña. Pero, claro, la firma Sol Meliá, una de las más grandes empresas de turismo del mundo, es un bocado apetecible y los abogados de los Sánchez habrán optado por ampararse en esa polémica ley norteamericana para sacar buen provecho de un litigio viejo que aún puede resucitarse gracias a una legislación tan absurda que incluso Bill Clinton la ha puesto en suspenso. De ser condenados, la pena que sufrirán los propietarios y directivos de Sol Meliá será la denegación del derecho a entrar en territorio norteamericano, lo que podría derivar en un enfrentamiento con el Gobierno de la UE. Un precio muy alto a pagar por un asunto lejano y polémico.