Desde que Felipe González firmó la adhesión de España a la Unión Europea no hemos dejado de escuchar los parabienes de esa asociación. Sin embargo, por el momento, las ventajas parecen meramente económicas, dejándose de lado los aspectos sociales, políticos y judiciales. Acabamos de verlo en el triste caso de María del Carmen del Salto, la joven mallorquina cuya desaparición en mayo mantuvo en vilo a toda la localidad de Porto Cristo y cuyo cadáver ha aparecido ahora.
El pricipal sospechoso, un bombero alemán de 33 años, fue en su día detenido para proceder a un interrogatorio, del que salió en libertad por falta de pruebas, a pesar de que reconoció ser la última persona que vio con vida a la joven.
Ahora, con la aparición del cadáver, el caso toma nuevas perspectivas, ya que los médicos forenses podrían hallar en el cuerpo pruebas definitivas que inculpen al alemán. Podría parecer que ésa es razón suficiente para que el Gobierno germano extradite al sospechoso para que sea juzgado aquí, en Balears, donde se ha cometido el crimen.
Pero, desagraciadamente, no será así. La legislación alemana "y la tradición en todos los países" impide que las autoridades concedan la extradición de un ciudadano de esa nacionalidad a otro lugar, aunque sea un criminal. Así que, a pesar de que nos dicen que han desaparecido las fronteras dentro de la Unión Europea, que existe libre circulación de personas y bienes, la realidad demuestra que las legislaciones particulares de cada país no se adaptan a estos objetivos de unidad y eso debe cambiar, tal como lo pidió José María Aznar en la pasada cumbre de Finlandia.
De no ser así, la familia Del Salto, el pueblo de Porto Cristo y todos los ciudadanos de Balears tendremos que ver cómo el sospechoso es juzgado "si llega a sentarse en el banquillo" en su propio país, lejos del crimen y de todos los ojos que le incriminan.