Es una evidencia que la Justicia española adolece de graves problemas a los que hay que dar una pronta solución. Las quejas de los usuarios de nuestro sistema judicial se multiplican debido a los perjuicios que éste les está causando, principalmente debido a los enormes retrasos que acumulan los juzgados del país. Y es precisamente en este marco en el que los jueces y fiscales piden un aumento de sus retribuciones de un 25 por ciento. Este incremento, al margen de otras consideraciones, puede ser considerado por el resto de la ciudadanía como un agravio comparativo evidente en el caso de que llegue a producirse. Los aumentos salariales del resto de los españoles se sitúan en torno al crecimiento del IPC, que no es ni mucho menos de un porcentaje tan elevado. Y esto es más grave aún en el seno mismo de los juzgados, por cuanto existen otros funcionarios que trabajan en ellos para los que nadie ha pedido aumentos tan significativos.
Pero es que además, y en esto hay que coincidir con la ministra Margarita Mariscal de Gante, nuestra Justicia necesita de una mayor dotación de medios y de personal y este capítulo es más importante y prioritario para el Gobierno que el de los salarios de jueces y fiscales.
No es posible que una persona sea juzgada por un hecho cometido mucho tiempo atrás, ni que las causas por accidentes de tráfico o procedimientos civiles se eternicen y sean vistas cuando ni los mismos protagonistas se acuerdan.
Es cierto que las retribuciones deben ser acordes a la responsabilidad que recae sobre quienes desarrollan determinados trabajos y ésa es la única justificación posible de las demandas de jueces y fiscales. Pero antes que eso, los ciudadanos quieren una Justicia rápida y sin errores y eso pasa por solventar las muchas carencias que se registran.