En este país casi estamos acostumbrados a que la actualidad política se concentre en los juzgados y que éstos nos deparen noticias a veces más propias de un vodevil que de una administración de justicia seria y moderna. Ayer comenzó el juicio por el terrible caso de Lasa y Zabala, en el que se sientan en el banquillo de los acusados personajes de enorme relevancia social y política durante los gobiernos socialistas de Felipe González. El asunto es importantísimo y, sin embargo, el primer día del juicio tuvo que suspenderse porque uno de los presuntos implicados, el ex cabo de la Guardia Civil Felipe Bayo, acudió a la vista en «paños menores» y sedado hasta tal punto que no podía responder a las preguntas que se le hicieron.
De esta forma, el juicio tendrá que retrasarse una vez más, cuando han pasado ya 16 años desde que alguien "el proceso deberá establecer quién o quiénes" ordenó capturar a dos jóvenes vascos (nadie ha podido probar su relación con ETA), José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, torturarlos de la manera más brutal y asesinarlos después para ser enterrados en cal viva y borrar así cualquier huella del horrendo crimen.
Algunos ven en lo ocurrido ayer una nueva maniobra para apartar del juicio uno de los principales testimonios, el de Bayo, que podría poner en aprietos a quienes fueron sus superiores: el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, el ex gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, para quienes el fiscal pide penas de hasta 92 años de cárcel.
Hoy sabremos si el juicio puede continuar y si la clase política tiene la decencia de mantenerse al margen de la acción judicial, que es la que debe poner punto final a unos hechos tan execrables como los más tremendos atentados etarras.