La reciente decisión de la Comisión Europea en orden a autorizar a nuestro país "y también a Italia y Grecia" a que se aplace durante dos años la prohibición de vender gasolina con plomo, ha generado una cierta tranquilidad en el sector, habida cuenta que en otros países la norma entra ahora en vigor. No obstante, no es éste un asunto baladí que se deba «aparcar» ahora hasta el año 2001, sin estudiar los aspectos del problema, puesto que de un problema se trata. Pensemos que en España circulan hoy unos tres millones y medio de vehículos que consumen gasolina «súper», lo que supone un 20% del parque automovilístico total. Y que el consumo de dicha gasolina con plomo representa aquí el 52% frente al 48% de la sin plomo. Lo que llevó desde el principio a las autoridades españolas a solicitar una moratoria más amplia que finalmente no se ha logrado. Hay que tener en cuenta que esos automóviles que a la vuelta de dos años podrían quedar en desuso "la adaptación del catalizador que permitiría su conversión en vehículos susceptibles de circular con gasolina sin plomo resulta muy costosa", son propiedad de ciudadanos que pertenecen al grupo social con rentas más bajas. Lo que convierte en problemática la puesta en práctica de la «alegre» recomendación de Bruselas en el sentido de que lo mejor es el cambio de coche. Es evidente que en España no se ha llevado a cabo con la suficiente sensatez y preparación una campaña encaminada a la transición hacia el consumo de esta supuesta "dada la multiplicidad de factores contaminantes esto no pasa de ser una anécdota" gasolina ecológica. Y ahora llega el momento de estudiar sobre la marcha la posible creación de ayudas, a fin de evitar problemas socioeconómicos de cierta magnitud. En suma, llega el momento de enfrentarse a un problema, serio problema, que se ha venido postergando de forma relativamente irresponsable.
Editorial
La cuestión de las gasolinas