La anunciada reforma del IRPF por parte del Gobierno, que aseguraba que los españoles íbamos a pagar menos impuestos que nunca, está empezando a dar serios problemas. La regularización de las retenciones del impuesto sobre la renta en las nóminas de los trabajadores recae ahora como una losa de responsabilidad sobre las empresas, que se han visto incrementarse su papel de recaudadoras de impuestos.
El caso es que si hasta ahora desde el primero de enero se retenía un tanto por ciento fijo de IRPF a cada trabajador y el porcentaje lo fijaba el Ministerio de Hacienda, ahora son las empresas quienes deben establecer cuál debe ser ese porcentaje y cómo variarlo mes a mes en función de las oscilaciones del salario del empleado "teniendo en cuenta las horas extras, los pluses o las dietas que incrementan a veces los suelos". Así se da el caso de que un mismo trabajador recibirá nóminas distintas de mes en mes y, naturalmente, las quejas irán dirigidas a la empresa, que es otra víctima de este enredo, y que en ocasiones se verá obligada a retener hasta un 48% del salario en concepto de impuesto sobre la renta. Una barbaridad que no hará más que aumentar la sensación de que cada día pagamos más impuestos.
Pero no acaba ahí el disparate ideado por el Ministerio, ya que tras el anuncio a bombo y platillo de que los trabajadores que perciban menos de tres millones de pesetas al año no estarán obligados a declarar se esconde un gato encerrado. Ocurre que muchos de esos empleados tendrían derecho a devolución en su declaración de Hacienda y quizá pierdan ese derecho si no declaran. Contra eso, lo único que se puede hacer es acudir con celebridad a la Delegación de Hacienda y verificar si se tiene o no derecho a devolución. Si no lo hacen antes de que acabe este mes perderán la devolución.