La ciudadanía está que arde y no es para menos con la tomadura de pelo que están llevando a cabo las compañías petroleras en las últimas semanas. Ayer se produjo nada menos que la sexta subida del precio de los carburantes en lo que llevamos de mes y eso, a todas luces, es para indignarse.
El Gobierno de José María Aznar asegura que prepara un paquete de medidas urgentes para frenar los incrementos constantes del precio de las gasolinas. La idea será bienvenida si sirve para algo, pero en estas circunstancias más parece que al Ejecutivo le preocupa incumplir los compromisos con Europa, pues la última subida de precios quedó suspendida precisamente por eso, para que no contabilizara negativamente en el IPC del mes de mayo.
La cosa está mal. Los precios del petróleo están subiendo considerablemente desde hace meses, el dólar se dispara con respecto al euro y los empresarios del ramo operan siempre con la divisa americana. Y, para colmo, a los baleares nos perjudica la insularidad, que incrementa en otras dos o tres pesetas más los precios ya carísimos de la Península, donde además disfrutan de la incorporación de gasolineras en los hipermercados, que sirven carburantes hasta nueve pesetas más baratos.
Pero eso no es todo. En este asunto convergen un montón de elementos, todos ellos confabulados contra el consumidor. En el resto de países europeos el número de gasolineras por habitantes es mucho mayor que aquí, lo que nos resta posibilidades de elegir. Y, además, la competitividad en el sector es pura metáfora. Hay pocas compañías y, sospechosamente, todas tienen los mismos precios en sus surtidores. Tanto es así que el tema de una posible violación de la libre competencia está en los tribunales.