Tras varias semanas de incertidumbre, el Govern explicó ayer su proyecto de ecotasa. Quizá un poco tarde, pues el asunto habría discurrido por cauces de mayor tranquilidad si hubiera mantenido en secreto sus planes hasta tenerlos bien definidos. Pero, de cualquier forma, es éste el momento del análisis y, por lo que se ha sabido, hay elementos asumibles y positivos para las Islas en esta propuesta.
Lo más destacable es que los ciudadanos de las Islas deberán abonar también el impuesto si deciden pasar sus vacaciones en alojamientos turísticos de Balears. Tal vez éste sea el apéndice más conflictivo del plan, pero bien es verdad que nadie dejará de acudir a estos establecimientos por ver incrementada su factura en cifras que van desde las 40 pesetas a las 332 por persona y día. Y más si los niños menores de 12 años no tributan.
Se han establecido, además, diversas fórmulas de recaudación que cada hotelero deberá elegir para su comodidad y, aunque los empresarios aducen que tendrán que convertirse en recaudadores de impuestos, también es cierto que ya ejercen como tales con el IRPF desde la última reforma de Hacienda.
Otra incógnita es cuándo empezará a cobrarse, pero eso dependerá de la tramitación parlamentaria de la ley. Y, finalmente, la duda de si restará competitividad a Balears con respecto a otros destinos turísticos y el problema de los que se escapan al control institucional. Aunque algunos empresarios creen que el nuevo impuesto perjudicará a los turistas, lo más probable es que la mayoría ni siquiera note la diferencia entre el montón de facturas que uno acumula cuando sale de viaje. Sí que es verdad que un buen número de ellos eludirá la tasa por alojarse en casas particulares, barcos o apartamentos no controlados, pero eso es algo que el Govern tendrá que evitar aumentando la vigilancia y las sanciones. Otra cuestión que a los ciudadanos nos interesa es en qué y cómo piensa invertir el Govern los 12.000 millones que recaude. Eso está aún por ver.