Cuando la Conselleria de Medi Ambient del Govern aprobó el verano pasado la urgente protección del área de Cala d'Hort para evitar la construcción del campo de golf proyectado en la zona surgieron voces que expusieron que la medida era precipitada y que se constituía un estado político en el que, a partir de ese momento, la voluntad del gobernante podía imponerse a la Ley sin ningún tipo de restricciones. Es la fulminación del Estado de Derecho, en el que todos los ciudadanos pueden considerarse a salvo de los caprichos del gobernante porque todos somos iguales ante la Ley.
Según se dijo entonces, el Govern trataba de cambiar las reglas del juego porque no le gustaba cómo marchaba la partida. Esa discrecionalidad atenta contra los derechos de los propietarios de los terrenos que se encuentran en el área de protección, que han decidido unirse para tratar de hacer valer sus derechos. Defienden que no conocen con detalle la situación en la que se encuentran sus propiedades, una queja entendible si una de las funciones de las instituciones públicas está el hacer sentir al administrado que aquello que impone está perfectamente justificado. No ha sido el caso, puesto que los propietarios de la zona han visto cómo se disponía de lo que es de ellos para plantar una batalla política que complemente a la legal contra el campo de golf. En este caso, además, se está produciendo una significativa demora en las tramitaciones que deben culminar con la declaración de la zona como Parque Natural. Este intervalo hace aumentar la incertidumbre de los que tienen proyectos aprobados en la zona y aspiran a mejorar sus condiciones de vida. En esto, tanto el Consell, que impulsó la medida, como el Govern, que la rubricó, han de demostrar todavía que las razones que esgrimen para este culebrón están suficientemente fundamentadas.