La decisión del Ayuntamiento de Sant Josep (del Partido Popular) de plantear un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Comissió Insular d'Urbanisme (CIU) de subrogar sus competencias disciplinarias para intervenir en un proyecto en Cap Llentrisca es el primer paso a una situación que complica aún más no sólo el panorama urbanístico de las Pitiüses sino también el político.
Es el primer caso en el que el máximo órgano urbanístico interviene en un caso de competencia municipal y lo hace sobre la base de que no comparte los razonamientos jurídicos hechos por Sant Josep para permitir la urbanización de una finca. Según la CIU, el Consistorio está saltándose la normativa vigente y favoreciendo unos intereses particulares cuando, en su opinión, las obras han de paralizarse para dar cumplimiento a las medidas cautelares en vigor. El Ayuntamiento, por su parte, considera comprobado que cuenta con casi todos los permisos en vigor y que no tiene autoridad ni justificación para detener los trabajos y acusa al órgano disciplinario del Consell de intervenir en un asunto de forma arbitraria, en función de parámetros políticos y no jurídicos. Con todo, se trata de un tira y afloja que no puede hacer sino generar inquietud en la ciudadanía, que no sabe si aún ateniéndose a la legalidad más consolidada puede ejercer sus derechos, modificados con medidas urgentes y cautelares en vigor puestas en marcha por el equipo progresista del Govern balear y apoyadas, si no auspiciadas, por el Consell Insular. La situación está generando tensiones que, desde luego, no benefician a la confianza del administrado hacia quien administra y saca a flote una lucha política en detrimento de los intereses generales, al margen de que unos y otros los invoquen para justificar su postura sobre este asunto.