Comenzaron ayer las primeras movilizaciones contra el aumento del precio del gasóleo con el amarre de la flota pesquera en algunos puertos, barricadas frente a las distribuidoras de crudo en algunas provincias y con el bloqueo del puerto de Barcelona, lo que provocó que embarcaciones de recreo y mercantes no pudieran entrar ni salir del mismo, mientras que, finalmente, sí se permitió el acceso a los barcos de pasajeros.
En una situación de crisis como la que estamos viviendo, es lógico que los sectores especialmente afectados se movilicen y planteen sus reivindicaciones, aunque esto debería hacerse sin causar perjuicios al resto de los ciudadanos, algo que sí se produjo en el día de ayer con los pasajeros de los barcos con destino a la Ciudad Condal o salida de su puerto.
Por otra parte, el Gobierno ha comenzado las negociaciones para llegar a acuerdos con las partes en conflicto, aunque se mantiene en sus trece por lo que respecta a la cuestión de no reducir el impuesto especial sobre carburantes y plantea sólo la opción de congelarlo y conceder otros beneficios fiscales a agricultores, pescadores y transportistas.
Es evidente que desde el Ejecutivo se tienen que adoptar medidas para frenar los efectos negativos de una escalada de precios que parece no tener fin. Aunque da la impresión de que se ha tardado demasiado en reaccionar ante un incremento continuado e imparable que está provocando ya una importante crisis, que ya no sólo precisa medidas de carácter inmediato, sino también una previsión de futuro que pueda dar ciertas garantías. Si no se adoptan ya soluciones nos podemos ver abocados a una situación gravísima y a un auténtico bloqueo económico por parte de los sectores más afectados.