Las movilizaciones contra el incremento de los precios de los combustibles continúan y ayer se produjo un bloqueo en la salida de los depósitos que la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) tiene en Son Banya, en Palma, de la que sale buena parte de los carburantes para los puertos y para las gasolineras de la Isla. Como consecuencia, se registraron los primeros desabastecimientos de algunas gasolinas en algunas estaciones de servicio.
Lógicamente, la Ley ampara el derecho a la protesta y a la reivindicación y así debe ser, pero hay que evitar a toda costa que las consecuencias de éstas las padezcan los de siempre. Al final, se acaba perjudicando a ciudadanos que, aun estando de acuerdo con las reivindicaciones planteadas, sufren en sus propias carnes las consecuencias de unas acciones escasamente afortunadas.
Es un hecho que hay que romper el monopolio «de facto» de las petroleras e incentivar la competencia, lo que, sin lugar a dudas, daría lugar a un abaratamiento de los precios. Pero también es preciso que se actúe a otros niveles y se presione a la OPEP para que se produzca un descenso del precio del barril hasta situarlo en la franja de los 22 a 28 dólares. Ciertamente, la reacción del Gobierno español, e incluso de la UE, frente a esta crisis del petróleo ha sido tardía y existen numerosas discrepancias sobre las soluciones inmediatas. Así por ejemplo, se cuestiona la efectividad de la reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos, solución rechazada por España, pero a la que se han apuntado algunos países como Francia.
Ahora bien, frente a estos acontecimientos, la presión de pescadores, agricultores y transportistas debe apuntar a las petroleras y al Gobierno, pero en ningún caso deben causar perjuicios al resto de los ciudadanos.