Tras los tres atentados frustrados que intentó perpetrar ETA con bomba lapa en los vehículos de tres militares, se produjo el asesinato del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, cuando se encontraba en el interior del portal de su domicilio. Todas estas acciones evidencian que la banda cuenta en estos momentos con una importante infraestructura en Andalucía y coinciden con una situación política de extrema inestabilidad en Euskadi, con un Ejecutivo nacionalista en minoría y con el PP y el PSOE abogando por unas elecciones anticipadas.
No es admisible, bajo ningún concepto, el uso de la violencia y la muerte que hacen unos asesinos para alcanzar unos presuntos objetivos políticos. Para ello sólo están legitimados aquellos que están en las instituciones, que representan al pueblo y que disponen como única arma de la palabra. Y es a éstos últimos a los que hay que reclamar una madurez de la que parecen carecer.
Todos los partidos abogan por la unidad de los demócratas para hacer frente a la violencia, pero esto no puede hacerse en el actual escenario, en el que priman los intereses políticos. Tal vez sería hora de que PP, PSOE, EA, UA y PNV se reunieran en una mesa para alcanzar un pacto frente a los asesinos y, además, eliminar la crispación existente en estos momentos en la política vasca.
Naturalmente, no se puede ni se debe ceder a las presiones de los que matan. Los asesinos no representan a nadie, no están legitimados para nada, están al margen no ya de la ley, sino de los más elementales derechos humanos.
Ahora bien, es preciso recomponer una unidad perdida y, para ello, el Gobierno de Aznar y el Ejecutivo de Ibarretxe deben poner fin a sus continuos enfrentamientos.