El Obispado de Mallorca acaba de hacer pública su situación económica, que califica de «miseria», coincidiendo con la mayoría de las Diócesis de este país que, paradójicamente, poseen un enorme patrimonio y, en cambio, disponen de pocos recursos efectivos. Hay que tener presente que nuestro país es aconfesional y en él conviven pacíficamente un amplio número de iglesias y creyentes de distinto signo, y hay que reconocer también que los creyentes, practicantes y simpatizantes de la Iglesia católica están bastante lejos de cumplir con sus obligaciones; o sea, de contribuir a su mantenimiento y crecimiento.
En la actualidad la Iglesia se sostiene gracias al apoyo voluntario de los contribuyentes, a través de la declaración de la renta, además de contar con colectas, donativos y donaciones. Pero la Iglesia cuenta con gastos elevados, sobre todo en lo que se refiere a la conservación de su inmenso patrimonio histórico y artístico. El problema es de difícil solución, a no ser que se insista en que los miembros de esa Iglesia la sostengan con responsabilidad. Pero eso resulta casi inabarcable si contamos la cantidad de templos, parroquias, asociaciones benéficas, sacerdotes, actividades, misioneros... en fin, todos los elementos que deben mantenerse en pie "en Mallorca el presupuesto para un año es de 900 millones. Por eso, parece contradictorio continuar construyendo iglesias nuevas y reclamar subidas salariales para los sacerdotes, que cobran cerca de 150.000 pesetas mensuales, lo mismo que muchos padres de familia con más gastos a sus espaldas. Quizá la Iglesia debería plantearse vender al Estado o a particulares algunos de sus tesoros patrimoniales, modernizar sus estructuras y racionalizar gastos e ingresos, como una gran empresa que es, y dejar de pretender mantenerse en exclusiva de lo que los fieles quieran darle.