Tras una temporada de relativa tranquilidad en el ámbito social, el panorama se está tornando irrespirable en una fecha "14D" que para todos tiene connotaciones huelguísticas. Parecía que la bonanza económica de que goza nuestro país había logrado calmar los ánimos a cambio de una mayor tasa de empleo para todos. Pero nada más lejos. A las protestas convocadas por los sindicatos para reclamar diálogo social se une hoy la huelga de funcionarios, en demanda de una adecuación de sus sueldos a la realidad, tras una década de sufrir la congelación dictada por el Gobierno, que una vez más reclama moderación salarial para contener un IPC incontenible.
Los sindicatos exigen que el buen momento económico se traduzca en mejoras palpables para los trabajadores, mientras la patronal pide a su vez una reducción del coste del despido para los nuevos contratados y una rebaja de sus aportaciones a la Seguridad Social, ya que ésta disfruta de superávit. El beneficio de todo ello sería, eso dicen, un claro aumento de las contrataciones indefinidas que ahora tienen un coste altísimo para el empresario. Por contra, los sindicatos recuerdan que la precariedad laboral afecta a un tercio de los empleados, exigen el fin de los contratos-basura, limitar la temporalidad, reducir los riesgos laborales, aumentar la protección social e incrementar pensiones y subidas salariales, para adecuarlas al cuatro por ciento del IPC de este año.
La situación no es buena, todos lo sabemos. La mejoría económica puede detenerse en cualquier momento, pues depende de demasiados factores. Por eso conviene afianzar lo conseguido hasta ahora y, sobre todo, anteponer cualquier decisión política sobre una reforma laboral que nos afecta a todos al diálogo con todos los sectores implicados, sin prisas y sin imposiciones.