Las relaciones entre el Govern balear y la presidenta del Consell Insular de Mallorca, Maria Antònia Munar, vuelven a encenderse y esta vez la chispa la ha hecho saltar la controvertida Llei de Comerç que el gobierno autonómico pretende aprobar en breve en el Parlament. Las cosas nunca son fáciles cuando un Ejecutivo está formado por varios partidos de distintos matices ideológicos, pero aquí la aritmética y la diplomacia son aún más complicadas por el hecho de tener que contar con el apoyo desde fuera del propio Govern de otro partido de muy distintas connotaciones. Porque Unió Mallorquina es un partido nacionalista, moderado y liberal. Y tener eso claro es fundamental para entender los amores-odios que se generan de vez en cuando entre los miembros del Ejecutivo "progresistas, ecologistas y nacionalistas de izquierdas" a raíz de esto y de aquello. Ya ocurrió recientemente con la idea de aprobar el derecho de adopción de menores por parte de homosexuales, que desató las iras de la presidenta mallorquina, que se debe a un electorado bastante más conservador en determinados temas.
Ahora las grandes superficies comerciales se han convertido en el nuevo caballo de batalla. Munar exige para Mallorca, Menorca y las Pitiüses la última decisión sobre cómo, dónde y cuándo aceptar la instalación de nuevos centros comerciales y el Govern, en concreto su vicepresidente, Pere Sampol (PSM), responde que las competencias en comercio son suyas. Y así es, aunque tampoco es menos cierto que los Consells de cada isla deberían tener voz y voto en un asunto como éste, que tanto afecta a la economía y la vida social. ¿No defiende este Govern la descentralización? Lo que realmente ocurre es que la forma de ver las cosas de un Govern progresista y de Unió Mallorquina es bien distinta, y está en juego mucho más que eso: el reparto de poderes y de intereses que muchas veces parecen chocar.