La noticia de que en Balears se había detectado un fraude a Hacienda por valor de veinte mil millones de pesetas en una sola operación ha causado estupefacción entre la mayoría de los ciudadanos e incredulidad en los círculos financieros. Ante la posibilidad, apuntada por algunos, de que podría tratarse de un error, la Agencia Tributaria se ha apresurado a aclarar que de gazapo, nada, que la cifra es exacta, aunque no puede facilitar nuevos datos.
Así que la cifra es real, son veinte mil millones de pesetas que alguna empresa o entidad pretendía dejar de ingresar en las arcas del Estado. Pero ante la falta de más información, no cesan las especulaciones y las distintas interpretaciones. Podríamos estar ante un uso técnicamente erróneo del término «fraude fiscal». Es decir, se podría aceptar que se trata de un fraude, tal como se entiende a nivel popular, pero no desde el punto de vista de la Agencia Tributaria. En este sentido, se explicaría que no se tratase de un caso descubierto por la Inspección sino ante un caso de «gestión tributaria». Pero sea cual sea la acepción adecuada, entrando en una enrevesada discusión terminológica, la gran incógnita es qué empresas de las Islas pueden manejar cifras de negocio de tal dimensión. Y ahí se apuntaría otra hipótesis: que no sea una empresa balear, sino una empresa nacional con intereses en las Islas y en otras zonas de España. Los 20.000 millones corresponderían a la «cuota-parte» asignada a Balears.
El director general de la Agencia Tributaria, Ruiz Jarabo, no debía de ser consciente de la repercusión que tendrían sus declaraciones en Palma. Suya es ahora la responsabilidad de aclarar de un modo convincente la cuestión. Si Hacienda somos todos, todos tenemos derecho a tener una información precisa y clara que evite más confusionismo.